Falta poco más de un año para las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Todas las encuestas publicadas, y los sondeos de opinión respecto a los líderes políticos, apuntan a un descalabro del PP con la consiguiente desaprobación de todos y cada uno de sus dirigentes (presidente y ministros del gobierno), así como dirigentes del partido a nivel estatal y autonómico.
Todo indica que el voto de la derecha social, se puede decantar (así se manifiesta en las encuestas) a favor de Cs, su consolidación va a depender, en parte, del perfil diferenciador respecto del PP que sean capaces de mostrar en el tiempo que queda, –que no es mucho– en ayuntamientos y autonomías. Si muestran un talante constructivo, con visión de fuerza de gobierno, y huyendo de las posturas negativas y extremistas del PP, pueden llegar a reemplazarlo y consolidar su espacio electoral. Si por el contrario mantienen una actitud sumisa y de dependencia de la vieja y rancia política serán simplemente flor de un día. Eso dependerá mucho de sus cabezas visibles en las localidades y los territorios autónomos.
Respecto a los gobiernos progresistas y de izquierdas, al hilo de dichas encuestas, la valoración mayoritaria de la ciudadanía, en general, es positiva en cuanto al trabajo realizado en las instituciones, los ciudadanos/as perciben un acercamiento real de los políticos del cambio, los despachos están abiertos para consultas y reuniones como nunca lo han estado antes.
La ola de corrupción que azotó al partido popular en las elecciones de hace tres años, que le descabalgó de la mayoría de comunidades y municipios importantes, se encuentra en la rampa de subida, puesto que a pesar de haberse juzgado y condenado a una serie de “personajes”, muchos de ellos en su momento dirigentes máximos del PP y cargos públicos en los gobiernos de José María Aznar, M.Rajoy (Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, Jaume Matas, José Luis Olivas, Francisco Camps, Rita Barberá Carlos Fabra, Alfonso Rus, Sonia Castedo etc…), como digo, a pesar de ello, la corrupción sigue pesando como una losa sobre un partido que no parece tener fin en sus tropelías y donde el principio de moralidad y de ética han desaparecido. Después de 9 años de investigaciones, detenciones, sumarios, condenas y juicios pendientes, siguen apareciendo personajes ligados a actuaciones “presuntamente” delictivas, en su mayoría relacionados con el PP.
Y mientras tanto, en dicho partido, quienes deberían salir a rendir cuentas ante la opinión pública, lo hacen tarde y mal, o simplemente practican un silencio cómplice, obligando a todo su partido a mirar hacia otra parte o a crear conflictos y cortinas de humo para distraer la atención.
Si repasamos la situación económica, poco ha cambiado respecto a 2015, pese a que los índices de la macroeconomía aparecen como positivos, pero si nos fijamos en la realidad concreta del empleo y los salarios no lo son para la mayoría de la población, mientras son las multinacionales y las grandes empresas quienes hace algunos años que están disfrutando de beneficios muy considerables, sin que haya reparto equitativo que genere empleo seguro y de calidad, salarios dignos para los trabajadores, y contribución a un bienestar generalizado para la población.
Por el contrario, nos encontramos ante la mayor precariedad en el empleo, jamás conocida desde los años 50 del siglo pasado. La última reforma laboral del PP abaratando el despido y facilitando contratos “basura”, de horas incluso (que en las estadísticas son considerados con toda la desfachatez del mundo como puestos de trabajo de nueva creación) ha conllevado que el 95% de los puestos que se crean sean precarios, temporales y con salarios de miseria. Hay quien se atreve a defender públicamente que “más vale eso que nada”. Y hay que decir que a aquellas personas que llevan largo tiempo, en muchos casos años, sin trabajo, una oferta como ésta les dan “oxígeno” para respirar, pero nunca puede ser un consuelo para ellos y mucho menos se debe convertir en un instrumento de propaganda como hace el gobierno, con la única intención de justificar su política cuando menos a costa de la dignidad de la gente.
Por otro lado hemos asistido en estos siete años de gobierno del PP a una política encaminada a dinamitar el sistema público de pensiones, cuyo botón de muestra es la situación del Fondo de Reserva de la S.S. para pensiones que ha pasado de tener sesenta y cinco mil millones de euros cuando entraron a gobernar en 2011, a encontrarse prácticamente en la bancarrota, no hay decisión propia, ni sensibilidad alguna para aplicar la revalorización de acuerdo con el incremento del IPC, siguen habiendo miles de pensiones por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y existen muchas de ellas que son de auténtica miseria y que rallan la indigencia.
Todo ello se ha ido produciendo en un contexto donde la “cantinela” permanente era la crisis, que vertebraba todo el discurso para poder aplicar las medidas de recortes sociales, sin grandes protestas y con una cierta aceptación en general por parte de la ciudadanía, como un mal menor. Mientras de forma subliminal se lanzaban campañas que realzaban la bonanza de los seguros privados de pensiones, los servicios “extraordinariamente” buenos de los hospitales y clínicas privadas, las universidades privadas, etc.
Y al tiempo que se pedían restricciones y contención en el gasto (se nos decía que el Estado no podía soportar el nivel de cobertura para trabajadores en paro), se lanzaban continuas amenazas de recortes de pensiones, se perdían miles de puestos de trabajo, etc., saltaba a la opinión pública la “existencia” de una trama llamada Gürtel cuya finalidad no era otra que “enriquecerse” con dinero público, tal y como consta en el sumario y en el cual se cita a varios miembros en aquellos momentos de la máxima dirección del PP, así como algún actual ex ministro, todo ello encaminado al lucro personal y a la financiación ilegal del partido en el gobierno.
Pero para los gobiernos del PP a nivel central, autonómicos y ayuntamientos, todo lo anterior se justificaba y se sigue justificando por la llamada “crisis”, que ha resultado ser una “estafa” que han terminado pagando los de siempre, los trabajadores y, en esta ocasión, también de forma muy directa las clases medias. Son, como suelen decir los grandes estrategas de las guerras, “Los daños colaterales del sistema”, que a medida que pase el tiempo, las crisis cíclicas serán más cortas y afectarán a más gente y más sectores se verán implicados.
La parálisis política del Congreso de los Diputados es la tónica general, sigue sin existir una ley de financiación de los ayuntamientos para que no tengan que depender de los impuestos locales a la hora de planificar su actividad como gestores, impidiendo no solo su endeudamiento, también se impide gastar el superávit en aquellos municipios que lo tienen, y que se ven obligados a no poder cubrir las necesidades urbanísticas y de servicios que demandan los vecinos.
No existe capacidad de diálogo por parte del gobierno central para llegar a una mesa de negociación con todas las comunidades autónomas con el fin de conseguir un sistema de financiación justo. Hay que recordar que el País Valencià es de los territorios peor tratados económicamente por el Estado. Y si en esta cuestión relativamente sencilla no ha sido posible el diálogo y el acuerdo, no cabía esperar solución ninguna al llamado “problema catalán” que requiere, a mi entender, en primer lugar de una constatación de la realidad social y política, que debe conllevar aparejado un talante conciliador, al tiempo que una serie de propuestas políticas y económicas, que puedan ser aceptadas por las dos partes. Al contrario, se ha preferido el conflicto, el enfrentamiento y el autoritarismo.
La presión y la movilización, junto a la actuación en las Instituciones por parte de fuerzas progresistas actuando para cambiar las leyes, los talantes y los comportamientos, pueden hacer posible que se produzcan cambios que afecten positivamente a la mayoría de la sociedad.